lunes, 15 de septiembre de 2008

Biocombustibles, ¿qué tenemos por acá?

Durante unos cuantos años y con una frecuencia mensual, mis padres nos cargaban, a mis hermanos y a mí, al asiento de atrás de la Renault 12 break y viajábamos unos cuatrocientos kilómetros hasta Los Surgentes (Córdoba), donde vivían mis abuelos, tíos y primos. Recuerdo que más de una vez mi padre paraba a cargar nafta en el último pueblo de Córdoba o de Buenos Aires, antes de cruzar la frontera con Santa Fe, para evitar tener que cargar el alcoholnafta, que era la nafta cortada con alcohol etílico derivado de la caña de azúcar. Por entonces, Santa Fe se había adherido al denominado Plan Alcoholnafta promovido por la Secretaría de Energía de la Nación y que buscaba sobre todo aprovechar los excedentes en la producción de caña de azúcar que no podían ubicarse en los mercados internacionales.

Nunca supe si era justificado semejante celo de mi padre al cuidado de las entrañas de la break (él decía que el alcoholnafta ensuciaba y arruinaba el motor). Lo cierto es que el alcoholnafta tampoco duró mucho y que luego, y por unos cuantos años, no escuché más nada sobre cosa semejante.

Quince o veinte años después los medios empiezan a hablar de los biocombustibles (palabra que gracias al cielo reemplazó a la impronunciable alcoholnafta). Se dice que es la alternativa sustentable frente a las fuentes de energía de origen fósil (petróleo y gas). Se dice que Estados Unidos está fomentando fuertemente su producción como un modo de enfrentar la escasez de hidrocarburos con la que, por distintas causas, se encontraría en los próximos años. Se dice también que, cuando acá el asunto de mezclar nafta y el alcohol de la caña de azúcar se fue olvidando (el azúcar volvió a tener un buen precio internacional y, además, teníamos reservas de petróleo para rato) en Brasil se dieron cuenta de que les servía para amortiguar la dependencia que tenía del petróleo que tenían que importar, y lo adoptaron como política a largo plazo, acompañándola con la producción de automóviles con motores especialmente preparados para esta clase de combustibles.

En Argentina, la reacción frente al auge que por entonces produjo el tema de los biocombustibles y la intención de "no dejar pasar la oportunidad" se vieron plasmadas en 2006 con la sanción de la ley 26.093, que crea el "Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles".

Los aspectos principales del régimen establecido por esta ley y su decreto reglamentario son los siguientes:

  • dispone que para 2010, toda la nafta y el gasoil que se comercialicen en el país deberá contener como mínimo un 5% de bioetanol y biodiesel, respectivamente.
  • ofrece una serie de beneficios (principalmente fiscales) para la radicación de plantas de producción de biocombustibles, siempre que cumplan con ciertos requisitos (entre los que no podía faltar la inscripción en un registro). Estos beneficios son otorgados sobre la base de un cupo fiscal administrado por el Poder Ejecutivo Nacional.
  • crea una autoridad de aplicación encargada de otorgar las habilitaciones a las plantas que fabriquen biocombustibles, controlar el cumplimiento de los requisitos y administrar el cupo para la concesión de los beneficios fiscales, y en general ejercer el contralor sobre todos los aspectos de la producción y comercialización de los biocombustibles.
Como era de esperar por la preponderancia de la soja frente a otros cultivos, en nuestro país los primeros movimientos de inversiones se registraron en la producción del biodiesel. Hoy existen trece plantas de fabricación (de diferentes dimensiones) en funcionamiento y hay otras tantas con inauguración proyectada para los próximos dos años. Sin embargo, pese a la gran demanda de diesel que existe (y que se irá incrementando) en Argentina, por ahora los cañones apuntan principalmente al mercado externo. Mientras tanto, la industria reclama una modificación en el sistema creado por la ley 26.093 que haga más atractiva la producción para el mercado interno.

Finalmente, existen importantes cuestionamientos respecto de la capacidad de los biocombustibles para constituirse en una solución realmente conveniente frente a los problemas que la escasez y el precio del petróleo plantean. Por un lado algunos científicos rechazan que este tipo de energía pueda llegar a contribuir del modo anunciado para paliar los efectos del calentamiento global. Y también se habla de la incidencia negativa que su producción puede llegar a tener sobre los precios de los productos alimenticios, teniendo en cuenta que las tasas de crecimiento de la población mundial hacen prever un crecimiento sostenido en la demanda de alimentos.

sábado, 6 de septiembre de 2008

Por qué las retenciones no generaron reclamos judiciales masivos

Como era de esperar, el tema que mayor expectativa generó entre los abogados que participamos en el encuentro de derecho agrario es el de las retenciones.

Existiendo una opinión prácticamente unánime acerca de su inconstitucionalidad (aún en la normativa anterior a la resolución 125/08), creo que una de las cuestiones más interesantes que surgieron en el debate fue la siguiente: por qué entonces los productores no recurrieron, en su gran mayoría, a la vía judicial para intentar obtener el reconocimiento de sus derechos.

Es claro que a los productores que realizaron ventas en ese período el impuesto les ocasionó un grave perjuicio económico. No hubo corte de ruta ni programa de radio o de televisión donde no se afirmara que las normas que habían establecido las retenciones eran claramente inconstitucionales (por diversas razones). Con el correr de las semanas se fueron conociendo fallos en varias partes del país que admitían el reclamo de los productores y hasta se llegó a hablar de una reunión donde Lorenzetti le avisó a la Presidenta que la resolución 125 no pasaría el control de constitucionalidad de la Corte. Existían varios datos que indicaban que los reclamos podrían prosperar.

En términos (muy) generales, y haciendo un análisis superficial (supongo que existirán estudios estadísticos o sociológicos que profundizan al respecto), creo que resulta esperable que la aparición de una norma jurídica que afecta ilegítimamente derechos económicos de una gran cantidad de personas genere también una gran cantidad de acciones judiciales tendientes a lograr el resguardo de esos derechos.

Sin embargo, los que se animaron a presentar sus quejas ante los tribunales federales reclamando la inaplicabilidad de la resolución 125 fueron los menos.

Entre los posibles motivos que se analizaron estuvieron:

1. El miedo de parte de los productores a sufrir represalias, especialmente a través de inspecciones de la AFIP. Es una idea muy difundida entre los productores y lo cierto es que muchos piensan que, aún teniendo todo en regla, no deja de constituir un riesgo el tener que mostrar los papeles a los sabuesos. Ni hablar cuando hay cola de paja. Personalmente me tocó escuchar en varias oportunidades este tipo de razonamientos y creo que es una de las principales razones que explican la baja tasa de reclamos.

2. Se esperó hasta último momento que el conflicto se solucionara "políticamente". Los que pudieron esperar no vendieron y los que no, vendieron lo mínimo indispensable. De esta manera se trataron de evitar los costos que acarrea el tener que acudir a la justicia. Me parece que también esta constituye una de las causas de mayor peso.

Es probable también que muchos hayan preferido esperar hasta que se fueran viendo los resultados de aquellas demandas que se iban presentando y, en esa espera, les llegó el voto no positivo de Cobos.

3. No hubo una bajada de línea de parte de las entidades agropecuarias. Esta vez el campo trató de actuar de manera homogénea y con un criterio unificado (por lo menos, en mucha mayor medida que en anteriores oportunidades) y ni la mesa de enlace ni cada una de las entidades por su cuenta dieron señales claras en el sentido de que los reclamos judiciales podrían aportar una solución al conflicto. Por alguna razón las entidades prefirieron no presentarse ante el poder judicial de manera corporativa (con algunas excepciones, que en general tuvieron resultados adversos) ni propiciaron especialmente el inicio de demandas por los particulares.

4. Desconfianza en los abogados y/o en el poder judicial. Ambos son temas que dan mucha tela para cortar. En cuanto a los colegas, si bien es cierto que la aparición oportunista de algún que otro improvisado pudo haber generado una cierta desconfianza (especialmente en algunas jurisdicciones donde en un primer momento no se obtuvieron resultados favorables), personalmente no creo que haya resultado un factor determinante en el fenómeno que se analiza.

Más escabrosa aún es la cuestión de la confianza en nuestros jueces. De todos modos, no creo que haya tenido una especial incidencia en este caso tampoco. Por otra partes, no me parece que la actual conformación de la Corte Suprema, por ejemplo, genere menos confianza que la de principios de 2002, cuando se produjo la avalancha de demandas por las normas del corralito y la pesificación.

Sin pretender ser original, creo que en definitiva debe hablarse de una combinación (en mayor o menor medida) de todas las causas mencionadas y seguramente existirán otros motivos a tener en cuenta.

La cuestión parece interesante. Sobre todo si se considera que, aún después de la limitación de la resolución 125, el régimen de derechos de importación actualmente vigente sigue desconociendo el principio de legalidad de los tributos y, dependiendo del caso concreto, puede también resultar confiscatorio. Y que también existe la posibilidad de reclamar para los productores que vendieron durante el período en que estuvo vigente la célebre resolución.

Encuentro de abogados agraristas

El jueves y viernes pasados (4 y 5 de septiembre) se llevaron a cabo en el Colegio de Abogados de Rosario unas jornadas de derecho agrario con la presencia de representantes de los colegios de abogados de varias provincias.

Obviamente la vedette del encuentro fue el tema de las retenciones y su inconstitucionalidad (cuestión que no quedó agotada con la "limitación" de la resolución 125) pero, entre las ponencias que pude presenciar, también se desarrollaron temas que me parecieron interesantes: el impacto de los biocombustibles en el sector agrícola; el contrato de canje; los conflictos de competencia entre la nación, las provincias y los municipios en cuanto al poder de policía ambiental; la relación y vinculación entre el derecho agrario y el derecho ambiental; la necesidad de actualización o reemplazo de la ley de arrendamientos rurales; algunos análisis relativos a las empresas familiares en el sector.